Economía
Uno de los puntos más negros de la financiación hipotecaria en nuestro país son los desahucios. A lo largo de la crisis, miles de familias han perdido sus hogares, pero siguen teniendo una deuda “casi” impagable con su entidad.
Hogarmania, 19 de enero de 2017
Tras la pérdida de la vivienda, prácticamente la totalidad de los afectados siguen hipotecados con el banco, puesto que la dación en pago no es obligatoria por ley.
¿En qué casos se puede conseguir la dación en pago?
El Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno en 2013, permite acceder a la dación en pago a un determinado sector de los ciudadanos cuya situación financiera les impide acceder a una reestructuración de la deuda.
Por lo tanto, para poder entregar la casa al banco y desligarse de la deuda se deben cumplir las siguientes variables:
• La entidad debe estar adherida al Código de Buenas Prácticas.
• La vivienda debe ser la residencia habitual del cliente y, además, este no puede tener otros inmuebles a su nombre.
• Todos los miembros de la unidad familiar han de estar en paro y no tener otros bienes a su nombre.
• La casa no puede estar valorada por encima de los 200.000 euros.
• En la hipoteca no deben haber reflejados avalistas.
• No debe haber un proceso de ejecución en marcha.
• La vivienda no puede tener cargas posteriores, como un crédito impagado en el que la residencia figure como garantía de pago.
Una sentencia que puede abrir la puerta a la dación en pago por decreto
En plena vorágine de sentencias contrarias a la banca a consecuencia de cláusulas abusivas como el suelo, los consumidores podrían haber encontrado la llave hacia la conquista de otro derecho “la dación en pago por ley”. A finales de 2016, un juzgado de Barcelona dictaminó la primera dación en pago mediante sentencia judicial.
El magistrado reconoció como abusivas las cláusulas que responsabilizaban personal e ilimitadamente a los titulares del préstamo hipotecario de la deuda, aun demostrando de buena fe que no podían afrontar el pago de la hipoteca. Además el juez determinó que estas cláusulas se aplicaron de forma poco transparente por lo que causaron un detrimento en el consumidor y un desequilibrio en sus obligaciones contractuales.
Aunque la entidad acreedora ha anunciado que recurrirá a segunda instancia, esta sentencia puede ser un impulso para la regulación definitiva de la dación en pago como un derecho fijado por contrato en las escrituras hipotecarias.