Economía
Tras la aprobación de la nueva Ley de Educación, Lomloe o Ley Celaá, explicamos los diferencias fundamentales entre la educación pública, privada y concertada. La elección de un colegio u otro afecta enormemente a la economía de una familia.
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Hogarmania, 30 de noviembre de 2020
La Lomloe o Ley Celaá, por la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha levantado grandes crispaciones entre la población que aboga y defiende el modelo educativo concertado.
De forma general, la principal y gran diferencia entre estos tres modelos de colegios es su tipo de administración y de financiación. Aunque la economía familiar es el factor decisivo entre uno u otro, también influyen los principios ideológicos y religiosos.
La educación de un niño es fundamental en su desarrollo y el tipo de colegio elegido es un factor clave en ese desarrollo. Ante la imposibilidad de un consenso unánime, detallamos las principales diferencias, económicas y sociales, que existen entre las escuelas públicas, privadas y concertadas y por qué las decisiones de cada Gobierno, en materia educativa, las afectan de gran manera.
Los colegios públicos están financiados y su administración depende del Estado. Sus miembros del profesorado son funcionarios que han conseguido su plaza tras la realización de una oposición.
Es un modelo educativo laico, cuyo principio es la admisión de todos los alumnos que así lo deseen. Dicho principio, en algunos casos, se ve entorpecido por una limitación: la asignación de plazas depende de unos criterios que se deben cumplir, por ejemplo, la cercanía de la vivienda respecto al colegio. En este sentido, es posible que la educación que reciba un niño en una escuela pública dependa, en gran parte, del barrio o la comunidad en la que se encuentre su centro.
Sin embargo, más importante que el factor de la cercanía de la vivienda es la economía de la familia. En el caso de la educación pública, el gasto promedio en 2020 (alumnado de 3 a 18 años) asciende a 1071 euros al año (incluidos gastos de transporte, comedor, material escolar y clases extraescolares), según datos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
Este coste se ve reducido, en gran parte, por las diferentes becas que habilita el Estado y cada comunidad autónoma. Para las familias más vulnerables las becas abarcan casi o la totalidad de los gastos.
¿Qué propone la Ley Celaá respecto a los colegios públicos? La nueva ley fortalece y potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones por curso y quita al castellano la condición de lengua vehicular.
En su mayoría religiosos, los colegios concertados son los híbridos, los que nacen de la educación pública y la educación privada. Su administración es privada, aunque su financiación (mayoritaria) es pública. La elección del profesorado no se realiza mediante oposición, sino por un proceso de selección como el de una empresa privada.
Al ser un híbrido entre lo público y privado, uno de sus rasgos es que las familias deben aportar una cuota mensual. Entonces, los gastos de escolarización, de media, pueden ascender hasta los 2622 euros anuales, una cifra que se reparte en cuotas mensuales.
¿Qué propone la Ley Celaá respecto a los colegios concertados? La nueva ley ha levantado grandes crispaciones en este sector. Entre las medidas adoptadas se encuentran: la prohibición a los municipios de reservar suelo público para la construcción de estos centros y la eliminación definitiva de los centros segregados. Es decir, todos los centros que estén parcialmente financiados (o en su totalidad por el Estado) no podrán separar al alumnado por su género.
Los colegios privados son empresas educativas. Es decir, se financian exclusivamente con la cuota asignada a las familias. Este tipo de escuelas suelen liderar los rankings de innovación educativa.
El desembolso económico (alumnado de 3 a 18 años), de media en 2020, asciende a 6123 euros. Su vocación internacional y su capacidad de innovación son factores clave y decisivos para las familias que optan por este modelo educativo.
El alto coste por matrícula indica que no es una educación que esté al alcance de todas las familias. De hecho, la gran mayoría de familias que optan por este modelo cuentan con un alto poder adquisitivo.