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Economía

Detención ilegal: ¿Cómo y cuándo ocurre?


El derecho a la libertad es, después del derecho a la vida, uno de los valores más importantes del ser humano. Cualquier retención en contra de la voluntad de un ciudadano se considera como un delito contra la libertad (detención ilegal, secuestros, amenazas, chantajes y coacciones).

Te explicamos cuándo se produce una detención ilegal por parte de un funcionario o autoridad y cómo se contempla esta ilegalidad en el Código Penal.

El derecho a la libertad es, después del derecho a la vida, el valor más importante de todo ser humano, consagrado como derecho fundamental en nuestra Constitución en el art. 17 y en la legislación internacional de nuestro ámbito jurídico, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, como en el Tratado de Roma de 4 de noviembre de 1950 para la salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades fundamentales.

El derecho a la libertad se protege en nuestro Código Penal cuando castiga, en los artículos 163 y siguientes, el delito de detención ilegal. Dentro de los delitos contra la libertad tendríamos la detención ilegal y el secuestro, las amenazas y chantajes y las coacciones.

El propio Código define este delito en el art. 163 y castiga con penas de prisión de cuatro a seis años, al que encerrare o detuviera a otro privándole de su libertad, es decir, de su facultad deambulatorio, la libertad de movimientos y de permanecer en el sitio que elijamos con total libertad.

¿Cuándo se produce una detención ilegal?

Cualquiera puede ser víctima de este delito, incluso un menor de edad o una persona discapacitada física o mental.

El delito queda consumado desde el mismo instante en que de forma dolosa, se priva a alguien de su libertad, sin que se exija que haya transcurrido un margen de tiempo mínimo en ese estado de privación de libertad, según la jurisprudencia dominante de nuestro Alto Tribunal.

En este sentido se ha considerado que introducir a una persona en un coche por la fuerza y desplazarlo a otro lugar, aunque sea durante un lapso de tiempo breve, es constitutivo de detención, por rebasarse la insignificancia o mínima relevancia (STS 18-12-12) quedando fuera de este tipo penal las detenciones fugaces o instantáneas, que serán calificadas como delito de coacciones, tipo penal aplicable a privaciones de libertad de escasa duración en las que exista el uso de la fuerza o la intimidación, castigadas con penas muy inferiores.

Cuando la detención de una persona es el medio para cometer otro delito, si dura el tiempo mínimo imprescindible para cometer ese delito, quedará absorbido por éste. Pensemos en un robo con violencia o intimidación con privación momentánea de libertad del dueño de la casa, el tiempo imprescindible para cometer el robo. En tal caso, el robo absorbe la detención.

Detención ilegal: tipos

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¿Cómo castiga el Código Penal una detención ilegal?

Si el culpable deja en libertad al detenido dentro de los tres primeros días de su detención sin haber logrado su propósito, en ese caso se le impondrá la pena inferior en grado -de 2 años a cuatro años menos un día- y, por el contrario, si el encierro durase más de quince días la pena será de prisión de cinco a ocho años.

Las penas se agravan aún más cuando el reo de detención no de paradero del detenido, imponiéndose en tal caso penas de prisión de diez a quince años, pudiendo llegar las penas hasta los quince años cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando el autor realice la detención con la intención de atentar contra su libertad sexual.

Detención ilegal por parte de la policía

Para el caso de que el autor de la detención sea una autoridad o un funcionario público, se establece una modalidad agravada que castiga más duramente estos hechos. En concreto, el art. 167 del Código Penal nos dice que cuando la autoridad o funcionario público, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa por delito, comete alguno de los delitos descritos, será castigado con las penas en su mitad superior -de cinco años y un día a seis años-, pudiendo llegarse hasta la pena superior en grado -de seis años y un día a nueve años-, además de la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años.

Se castiga al funcionario o autoridad que acuerde, practique o prolongue la privación de libertad de cualquiera y que no reconozca dicha privación de libertad o de cualquier otro modo, oculte la situación o paradero de la persona detenida, privándola de sus derechos constitucionales o legales.

Detención ilegal policía

Un agente de policía debe informar de sus derechos a cualquier persona que detenga, de lo contrario, se considerará como un delito contra la libertad.

Las detenciones policiales para que sean legales, han de realizarse siguiendo lo dispuesto en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Ha de practicarse en la forma que menos perjudique al detenido, su persona, reputación y patrimonio, velando por los derechos al honor, intimidad e imagen, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.

No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y dentro de los plazos legales, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial, debiendo constar en el atestado el lugar y hora de la detención y la puesta a disposición de la autoridad judicial o de la puesta en libertad.

Ha de informarse al detenido de forma inmediata y en una lengua que comprenda, de los hechos que se le atribuyen y las razones que hayan motivado la detención, los derechos que le asisten y, en concreto, el derecho a guardar silencio, a no declarar si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen o a manifestar que sólo declarará ante el juez.

También debe indicarle al detenido que tiene el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, a designar un abogado, a acceder a las actuaciones, a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee y sin demora la privación de libertad y el lugar de custodia en que se encuentre en cada momento, a que se comunique al consulado de su país el hecho de la detención si fuera un ciudadano extranjero, a comunicarse sin demora injustificada y por teléfono con un tercero de su elección, en presencia del funcionario policial, a ser asistido por un intérprete.

Incluso tiene derecho a ser reconocido por el médico forense, a solicitar asistencia gratuita, a ser informado del plazo máximo legal de duración de la detención y del procedimiento de habeas corpus para impugnar la legalidad de la detención. Si tiene cualquier cuestión legal que quiera poner en manos de un abogado puede ampliar la información en este enlace.

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