Según un estudio, en 2020 se tiraron más de 1.300 millones de kilos de alimentos a la basura, entre los que se encuentran productos BIO, ECO y orgánicos lo que conlleva una media de 31 kilos por persona. De ahí que el gobierno tomara medidas con una anteproyecto de ley que regulara este desperdicio de comida.
Tras varios foros participativos dedicados a consumidores, distribuidores, industrias, sectores primarios, restaurantes, hoteles, caterings y ONGs, el Consejos de Ministros aprobó el pasado 7 de junio la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, argumentaba que este desecho de comida tiene consecuencias económicas, sociales y medioambientales ya que no sólo se desperdician materias primas y alimentos procesados, sino que "se está malgastando el trabajo de agricultores y ganaderos".
Nueva ley contra el desperdicio alimentario
Se trata de la primera regulación en España sobre esta materia y forma parte de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (incluidos en la Agenda de 2030 de la ONU).
Tiene dos claros objetivos:
- Reducir el desecho de basura de alimentos que no se han consumido (dentro de las cadenas de producción y suministros).
- Favorecer un mejor aprovechamiento alimentario.
Con esta nueva ley contra el desperdicio alimentario se pretende conseguir, según el gobierno, varios propósitos:
- Regular y concienciar
- Dar respuesta a la necesidad social regulando el uso preferente de los alimentos para consumo humano
- Favorecer la donación
- Concienciar a la población de la necesidad de disminuir el despilfarro de comida
La normativa pretende evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria (desde la cosecha hasta el su consumo). Por lo que se tendrá en cuenta tanto en restauración y supermercados como en empresas agrícolas y ganaderas. Éstos deberán contar con un plan de prevención que asegure minimizar las pérdidas según el orden de prioridad del consumo humano.
Cómo se regularán los alimentos sobrantes sin consumir
Según esta nueva ley, todas las empresas del sector alimentario están obligadas a tener un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, es decir, se harán autodiagnósticos de los productos (para saber dónde se producen las pérdidas), y se fijarán medidas para minimizarlos y destinarlos a otros usos (siempre con un orden de prioridades).
Además, estarán obligadas a contratar convenios de colaboración con otras organizaciones receptoras para garantizar las condiciones de recogida, almacenamiento y distribución de los alimentos.
Destinos a los que puede ir la comida sobrante sin consumir (según orden de prioridades)
- La donación mediante convenios de colaboración con empresas, bancos de alimentos, organizaciones sin ánimo de lucro o entidades de iniciativa social, entre otras.
- La transformación de los alimentos que no se han vendido (en zumos, mermeladas, conservas, salsas o helados, entre otros.
- En caso de no ser ya aptos para el consumo humano, se destinará a la alimentación animal y fabricación de piensos.
- Y en última opción, como residuos para obtener biocombustibles o compost.
Las sobras en restaurantes para llevar
En el caso de la hostelería, los bares y restaurantes deberán facilitar a los clientes el poder llevarse la comida que no hayan acabado (exceptuando los de bufé libre o similares). Por lo que deberán disponer de envases reciclables y reutilizables para poner la comida.
Se incentiva a vender alimentos con fecha de caducidad próxima
La nueva ley de desperdicio alimentario también incentiva a vender los productos que estén cerca de la fecha de caducidad o de consumo preferente (teniendo en cuenta siempre el orden de prioridades).
Para ello, el gobierno realizará cursos formativos y divulgativos en los que se aprenderá a adecuar correctamente las fechas de caducidad y de consumo preferente para evitar el desperdicio de alimentos.
Multas por tirar comida
Otra opción que se tiene en cuenta en esta nueva ley de desperdicio es que no se sancionará a los consumidores pero sí se pondrán multas de entre 2.001 y 60.000 euros a las empresas que no cumplan con la normativa.
Se aplicarán multas leves (de hasta 2.000 euros) a acciones como no aplicar el orden de prioridades en el uso de alimentos sobrantes, la donación de productos no vendidos mediante convenio o a personas desfavorecidas (en el caso de entidades de iniciativa social) o la no colaboración con las administraciones públicas para los residuos de alimentos.
Y en caso de cometer una segunda infracción (o más durante un plazo de 2 años) se considerará como muy grave llegando hasta 500.000 euros de sanción.
Si quieres más información detallada, puedes consultar la nota de prensa que publicó el Consejo de Ministros.
