Economía
El surgimiento de empresas o startups digitales ha cambiado la forma de prestar servicios al cliente, así como las relaciones laborales que tienen con sus trabajadores, en concreto con los denominados “riders” o repartidores.
Detallamos quién es un rider y por qué el Tribunal Supremo le considera un "falso autónomo".
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Hogarmania, 3 de mayo de 2021
El Tribunal Supremo declaró en septiembre de 2020 que los riders son falsos autónomos. Una decisión que avala los intereses de los riders y los acerca más al derecho de ser contratados como trabajadores asalariados.
Pero, ¿son las plataformas digitales un lugar de trabajo? Uno de los principales puntos de conflicto en la legislación es, en sí, la definición de “plataforma” y si realmente pueden considerarse como “un lugar de trabajo”.
En 2019, un informe de UGT (Unión General de Trabajadores), revelaba que las plataformas digitales de reparto a domicilio se ahorraban cada año hasta 168 millones de euros gracias a su modelo de autónomos (90 millones de euros en salarios y 76 millones de euros en Seguridad Social).
El modelo de trabajo que defienden estas empresas digitales (intermediación entre comercio y repartidor) les supone el ahorro y la evasión de muchos derechos fundamentales. Por ejemplo, el ahorro de los costes en seguridad social y del salario mínimo interprofesional (SMI).
El mayor miedo de todas estas empresas digitales de reparto es que los obliguen a hacer una recalificación masiva, es decir que tengan que regularizar la situación de todos aquellos trabajadores que les prestan sus servicios en calidad de repartidores dentro de un marco de “falso autónomo”.
Las plataformas digitales que operan con este modelo en el resto de Europa han visto como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en 2019, ya avalaba su modelo de intermediación entre comercio y repartidor.
Sin embargo, las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hacen referencia a los trabajadores autónomos en general, delegando en cada país miembro, la regulación de qué se considera un falso autónomo. Esto es, que cada país de la Unión Europea podrá legislar y regular según sus criterios en materia.
Promover la regulación de las condiciones de trabajo y verdaderos derechos de los riders es, sin duda, una tarea que tendrán que asumir y realizar tanto las empresas como los agentes sociales que intervienen en ella.
También es un reto a nivel fiscal para el Gobierno, pues si llega a regularizarse, estas empresas digitales no solo tendrán que asumir los costes de contratar a un trabajador por cuenta ajena, sino que supondrá un stop a esa competencia desleal que se ha creado frente a empresas analógicas o digitales que sí cumplen con la legislación vigente.